Deber de abstención del letrado de la administración de justicia

Hoy compartimos una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que se pronuncia sobre la falta de abstención de una letrada de la administración de justicia en una causa de su juzgado.

En concreto se resuelve un recurso contencioso frente a la resolución del secretario de gobierno que acuerda el archivo de las diligencias informativas abiertas.

Se alega por el recurrente, ex marido de una tía de la LAJ, que esta se debería haber abstenido del conocimiento del asunto, unas diligencias previas en las que el interesado era querellante. Curiosamente no formuló recusación en ese procedimiento, sino que denunció los hechos al secretario de gobierno.

La abstención de los letrados de la administración de justicia está regulada en el artículo 446 de la LOPJ, y en los artículos 144 y siguientes del Reglamento Orgánico de los Secretarios Judiciales. Tenemos que destacar que actualmente el procedimiento previsto ya no coincide en las dos normas, toda vez que la reforma operada por la LO 7/15 estableció un nuevo procedimiento, por el que es hoy el Secretario Coordinador quien estima o no la abstención. El Reglamento, sin embargo, no ha sido actualizado y sigue atribuyendo la decisión al Juez del Órgano.

En cuanto a las causas de abstención , la LOPJ se remite a las de los jueces y magistrados, mientras que el Reglamento las enumera en el art. 146.

El tribunal supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Pleno, en auto de fecha 7 de febrero de 2018, dictado en recurso de casación 1998/2016 estableció una serie de cuestiones conceptuales que es necesario precisar en relación con la abstención y recusación (en este caso, de juez):

“(1) la doble faceta subjetiva y objetiva de la imparcialidad;

(2) el carácter tasado de las causas de recusación y la interpretación restrictiva de las mismas;

(3) la necesidad de que la recusación se apoye en datos objetivos y no en meras sospechas;

(4) la doble perspectiva, subjetiva y objetiva, desde la que pueden y deben ser examinadas algunas causas legales de recusación; y

(5) las causas de recusación necesariamente han de ir referidas a controversias concretas y no a cuestiones jurídicas abstractas.”

Como resumen muy escueto, la imparcialidad tiene dos facetas, subjetiva y objetiva, “puede resumirse en dos reglas: primera, que el Juez no puede asumir procesalmente funciones de parte; segunda, que no puede realizar actos ni mantener con las partes relaciones jurídicas o conexiones de hecho que puedan poner de manifiesto o exteriorizar una previa toma de posición anímica a su favor o en contra.

Con arreglo a tal criterio la jurisprudencia de este Tribunal viene distinguiendo entre una imparcialidad subjetiva, que garantiza que el Juez no ha mantenido relaciones indebidas con las partes, en la que se integran todas las dudas que deriven de las relaciones del Juez con aquéllas, y una imparcialidad objetiva, es decir, referida al objeto del proceso, por la que se asegura que el Juez se acerca al thema decidendi sin haber tomado postura en relación con él”.

Las causas de recusación (y abstención) están tasadas y se deben interpretar de forma restrictiva. “Tal extensa enumeración de las causas de abstención y recusación, referida a los casos en los que la imparcialidad resulta comprometida, no puede ser susceptible, lógicamente, de una interpretación que suponga la creación de causas inexistentes, al tratarse de una materia que afecta a la propia seguridad jurídica, respecto de la composición legalmente preordenada del Tribunal.”

En cuanto a que se base en hechos objetivos, “no basta con que las dudas o sospechas sobre la imparcialidad del Juez surjan en la mente de la parte que las pone de manifiesto, sino que lo determinante y decisivo es lo siguiente: (a) que las razones para dudar de la imparcialidad judicial, por un lado, queden exteriorizadas y apoyadas en datos objetivos; y (b) por otro, alcancen una consistencia tal que permita afirmar que se hallan objetiva y legítimamente justificadas.”

En cuanto al caso concreto examinado, el TSJCL dice:

“SEPTIMO.- En el presente supuesto se alega que la Sra. Secretaría debería haberse abstenido por cuanto que puede interferir en las garantías constitucionalmente establecidas respecto al acceso a los tribunales de justicia por parte del aquí actor.

No precisa, ni en la demanda, ni en el escrito de fecha 8 de mayo de 2015 por el que solicitaba se considerase el escrito como escrito de queja por la conducta llevada a cabo por la Secretaría y por si los hechos fuesen constitutivos de sanción, ni tampoco en el escrito por el que se interpuso recurso de reposición contra la resolución de fecha 6 de julio de 2015 recurrida, las concretas causas de abstención que alegaba, sino que sólo ponía de manifiesto una serie de hechos; pero del escrito de fecha 13 de enero de 2014, dirigido al Juzgado de Instrucción se evidencia que las causas de abstención que pudieran concurrir son las causas 1ª, 10ª, 11ª y 15ª del artículo 146 del Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre , por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales.

La causa 1ª recoge como causa de abstención ” el vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco por consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado con las partes “; respecto de la cual, y también con carácter general, la sentencia 105/2018, de 29 de enero, del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección: 6, recurso 40/2017 , dispone:

“Lo anterior aconseja que la interpretación y aplicación de las incompatibilidades derivadas de esos vínculos familiares sea restrictiva, esto es, quede limitada a aquellos contados casos en que existan insalvables razones de interés público, relacionadas con el funcionamiento del correspondiente servicio, que impidan evitar la situación de coincidencia que determina la incompatibilidad.

De no entenderse de esa manera, los afectados por esos vínculos familiares podrían ver muy mermada su libertad en lo profesional o en lo familiar, libertad que también por declaración constitucional ( artículo 1 CE ) es un valor superior del ordenamiento jurídico”.

Este designio de interpretar la incompatibilidad (o prohibición de forma tan restrictiva que queda limitada “a aquellos contados casos en que existan insalvables razones de interés público (…) relacionados con el funcionamiento del correspondiente servicio”, debe ser, por ello, la idea que presida en estos casos la hermenéutica jurídica”.

Teniendo en cuenta que se alega la relación de parentesco del aquí actor con la Sra. Secretaría en base a que estuvo casado con la tía de esta, realmente existen unos datos objetivos que determinan la falta de concurrencia de esta causa, simplemente por lo manifestado por el aquí actor, sin que se precise ningún tipo de nueva práctica de actuaciones de investigación. La relación del matrimonio entre el aquí actor y la tía de la Secretaría del Juzgado concluyó por sentencia de divorcio dictada en el año 2011, conforme a los efectos del divorcio que recoge el artículo 85 del Código Civil, por lo que a la fecha de presentación de la denuncia penal, 24 de septiembre de 2013, en cuya instrucción, según el actor, se debió abstener la Sra. Secretaria doña Elena, ya no existía ningún tipo de matrimonio y por tanto tampoco parentesco por consanguineidad dentro del cuarto grado.

Lo que acabamos de decir también es predicable respecto de la causa de abstención 10.ª (Amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes); por cuanto que realmente de los hechos recogidos de su escrito y de los posteriores escritos, a los que ya hemos hecho referencia en el fundamento quinto de esta sentencia, se aprecia con claridad que no existen indicios de enemistad manifiesta; y sólo se pone de manifiesto, que tampoco se aportan indicios, respecto de la enemistad manifiesta que, según afirma el actor, existe entre él y don Jose Pablo , indicando que la enemistad manifiesta con doña Gema vive referida a las buenas relaciones que ésta mantiene con don Jose Pablo , padre de la misma, pero no precisa hechos concretos especificativos de esta enemistad manifiesta con doña Gema , y respecto de don Jose Pablo , que no sería el caso para que proceda la abstención, sólo pone de manifiesto como causa de enemistad que don Jose Pablo , concuñado del aquí actor según manifiesta este, es el máximo responsable de su divorcio, al querer poner a la venta el inmueble de Gran Vía; pero sólo es una mera manifestación, sin que haya aportado prueba alguna; y hemos de poner claramente de manifiesto que la “enemistad manifiesta” debe ser con la Secretaría, no con su padre.

También en aquel escrito recogía la causa de abstención 11.ª (Tener interés directo o indirecto en el pleito, expediente o causa). Parece basar este interés, que en sí sería indirecto, en que doña Gema es hija de don Jose Pablo y de doña Milagros , y doña Milagros es hermana de doña Maribel , exesposa del aquí denunciante don Adrian , por lo que tiene intereses, según el propio actor, considerando que la denuncia se dirige contra la letrada que ha defendido al aquí actor en el procedimiento de divorcio seguido entre este recurrente y doña Maribel y que doña Maribel y doña Milagros son propietarias, compartiendo la propiedad al 50% de un edificio de nueve plantas sito en DIRECCION001 . Sin embargo, para nada se aprecia la posible existencia, no ya de un interés directo, sin que tampoco indirecto, puesto que las diligencias penales no se dirigen ni contra el padre de doña Gema , ni contra su madre, ni contra su tía, sino que se dirigen contra la letrada del recurrente, sin que se aprecie la más mínima evidencia, una vez vistas las actuaciones practicadas como información previa, de que la Secretaria pueda ostentar un interés siquiera indirecto en esta causa penal de la que se deriva esta solicitud por entender que existía causa de abstención.

Por último, se alega la causa 15.ª (Haber ocupado el Secretario Judicial cargo público o administrativo con ocasión del cual haya podido tener conocimiento del objeto del asunto que deba celebrar, resolver o ejecutar y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad); cuando ni siquiera de los hechos expuestos por el aquí recurrente se aprecia que con ocasión del cargo público que ostenta la Sra. Secretaría haya podido tener conocimiento del objeto del asunto tratado, de las actuaciones de diligencias previas penales.

Es evidente lo acertado de la resolución administrativa impugnada, pues no existe el más mínimo indicio de que pueda existir alguna causa de abstención, por lo que procede desestimar este recurso.”

El subrayado es mío.

No existía por lo tanto obligación alguna de abstención.

Curiosamente, en otro caso reciente que alcanzó mucha notoriedad, según la prensa, un juez ha aceptado una recusación por “falta de apariencia de imparcialidad” y considera razonable apartarse del mismo, lo que parece poco compatible con la doctrina antes expuesta, al no darse una de las causas tasadas legalmente. Ya veremos si se estima o no la causa de recusación.

https://www.eldiario.es/politica/juez-insulto-maltratada-dispuesto-retirarse_0_821718434.html

Como siempre, el texto completo de la sentencia:

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8466701&links=&optimize=20180806&publicinterface=truel

¡El 7 de noviembre los LAJs paramos!

COMUNICADO CONJUNTO DE LAS ORGANIZACIONES DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. PARO 7 DE NOVIEMBRE EN DEFENSA DE LA ADECUACIÓN SALARIAL

Pese al sempiterno reconocimiento de la esencial y angular función de los letrados de la Administración de Justicia y pese a que los “brotes verdes” de la economía permiten a los distintos ejecutivos pensar en la justa mejora de las condiciones salariales de diversos cuerpos de funcionarios , parece que nunca es el momento para hacer lo propio con las nuestras.
Unas condiciones retributivas que de ninguna manera se corresponden con la cantidad, la responsabilidad y la relevancia de las funciones que nos han ido atribuyendo, fundamentalmente desde el año 2009. Esta situación claramente insostenible a lo largo del tiempo, ha motivado que desde el mes de abril los letrados de la Administración de Justicia hayamos iniciado y sostenido en el tiempo movilizaciones conjuntas, concentrándonos masivamente, como primera medida, ante todas las sedes judiciales.
El cambio de gobierno del pasado mes de mayo supuso, por las más elementales razones de cortesía y ante la necesidad de oír a los nuevos responsables, una pausa en la ruta de movilización emprendida. Sin embargo, pese a las buenas intenciones iniciales, el nuevo equipo ministerial, siguiendo la estela del anterior, y pasados sobradamente los cien días de mandato, no ha dado el más mínimo atisbo de intentar mejorar nuestra situación. Buena muestra de ello es que hoy se celebre una reunión sobre retribuciones con jueces y fiscales (convocada desde hace un mes), y que pese a que así lo hemos solicitado por activa y por pasiva para nosotros, solo hayamos recibido largas y, cuando no, silencio. Entendemos ello, además de como una desconsideración absoluta hacia todos los letrados de la Administración de Justicia, como una evidente declaración de intenciones. La ingente labor y el esfuerzo titánico, en las condiciones por todos conocidas, de los letrados de la Administración de Justicia para con el servicio público de la Justicia no merecen este trato.
Así pues, siguiendo el mandato de los letrados de la Administración de Justicia, que de manera unánime nos han instado a las asociaciones profesionales a poner en marcha medidas de conflicto colectivo, el Colegio Nacional Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), el Sindicato de Letrados (SISEJ) y la Asociación independiente de Letrados (AINLAJ) convocamos a toda la profesión al primero de los paros laborales para el próximo día 7 de noviembre, en las condiciones y con la continuidad que se anunciarán en adelante, y que inexorablemente, y si la situación actual no se revierte de una manera clara, definitiva y sin trampas, desembocarán en una huelga indefinida.
Solicitamos igualmente la comprensión de la ciudadanía y del resto de operadores jurídicos, sabedores de que los paros anunciados supondrán la suspensión de señalamientos y resto de actuaciones judiciales, y, dada la intervención transversal de los letrados de la Administración de Justicia en todo el proceso, la inevitable paralización de la Justicia de este país.
En ningún momento se nos podrá achacar a las asociaciones convocantes precipitación o desconsideración en esta decisión. Durante casi diez años hemos intentado agotar todas las vías de diálogo para conseguir algo que simplemente es de justicia: una mejora en nuestras condiciones laborales, y sobre todo retributivas, manifiestamente discriminatorias y sin paragón con el resto de la Administración Pública española. Pero tras otros tantos años de negativas y de empeoramiento de las mismas, resulta evidente que han sido sobrepasados todos los límites imaginables, por lo que no queda más que defendernos y a través de la unidad de acción de todas las organizaciones de Letrados lo haremos hasta las últimas consecuencias.

Un secretario de Juzgado idealista en The Good Wife. Nueve horas, episodio 2.9

Para el que no la conozca, The Good Wife es una magnífica serie de televisión centrada en el trabajo de un despacho de abogados de Chicago, que refleja bastante bien el sistema judicial norteamericano (aunque también con mucha fantasía, no lo vamos a negar).

Dicho esto, y habiendo leído el título, me diréis: ¿Cómo va a salir algún secretario judicial / letrado de la administración de justicia en esa serie?

¡Pues sí!

En el episodio 9 de la segunda temporada, Alicia Florrick, la protagonista, está en su casa, un sábado por la mañana, desayunando con sus hijos, cuando recibe una llamada telefónica del secretario del tribunal de apelaciones. Este le dice que han recibido la apelación que enviaron la tarde anterior – sin ninguna esperanza de éxito – para impedir la ejecución de un condenado a muerte prevista para ese mismo día, pero que “no ha llegado la adenda, que se la tienen que remitir”. Alicia dice que sí, que se la remitirá en cuanto pueda, porque ha entendido que el secretario ha visto algo que se les pasó desapercibido, y en realidad la está avisando de que su cliente se puede salvar.

De ahí las nueve horas frenéticas de trabajo que da nombre al episodio.

Pues bien, ¡papelón estelar para el secretario! Aunque, siempre discreto, como le corresponde a un LAJ, no se le ve en ningún momento en imagen.

¿Pero quién es este? En el episodio nos dan algunos datos de él: tiene 29 años, diplomado en Yale, capitán del equipo de water polo, licenciado en derecho por Harvard. ¡El perfil típico de un LAJ!

 

Yo he visto el episodio en Netflix. En inglés, se le llama “Clerk”. En español en audio, “funcionario”, y en subtítulos “secretario”. En la reseña de Netflix se dice: “Después de que Alicia recibe una llamada de un secretario del Juzgado, el bufete tiene que trabajar a contrarreloj para salvar a un recluso que va a ser ejecutado.” En la de Movistar: “Alicia recibe un consejo del secretario del juzgado, sobre la apelación de un preso por pena de muerte. Las carreras en los bufetes de abogados por frenarla desencadena el caos.” (http://www.movistarplus.es/ficha/the-good-wife-t2/nueve-horas?tipo=E&id=951964)

Como siempre no es fácil comparar figuras jurídicas de distintos países, y nos queda la duda de si es realmente un equivalente a nuestro letrado de la administración de justicia, tema que ya tratamos aquí: ¿Qué hace un secretario judicial en Tiempo de matar?

Aún así, yo me lo apropio sin dudar. Jason Kerrigan, el LAJ idealista que no podía permitir la muerte de un inocente.

Carta abierta a la responsable del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia

Estimada compañera:

Lamentamos tener que comunicarte que ya no vamos a remitir más resoluciones de nuestros Juzgados al Gabinete de Prensa, salvo orden directa expresa e individualizada de nuestros superiores.

No es por nada que hayas hecho. Creemos que todos estos años hemos colaborado de forma muy satisfactoria y no tenemos queja alguna de tu trabajo, que siempre ha sido excelente y de gran ayuda. Tampoco debe entenderse como una crítica de ningún tipo a los periodistas que de forma habitual u ocasionalmente han informado sobre las actuaciones de nuestros Juzgados, dado que siempre lo han hecho de forma profesional y rigurosa.

No es por nada de ello, sino por la situación absolutamente injusta en la que se encuentra nuestra compañera de la Audiencia Provincial de Navarra ante la lamentable filtración de datos personales de la víctima del asunto conocido como de “la Manada”.

Según el informe de la vocal del CGPJ Dª. Victoria Cinto, corresponde a los letrados de la administración de justicia “adoptar las medidas necesarias para la supresión de datos personales”, función que según dicha vocal no puede trasladarse al Gabinete de Prensa. Que la falta de herramientas para la anonimización no constituye excusa, y tampoco el comunicar a la oficina de prensa que se debía proceder a la eliminación de datos sensibles de la sentencia. Que por haber recibido algún curso de formación hace años debía ser plenamente consciente de que mediante el CSV se podía acceder a la sentencia íntegra, así como que el gabinete de prensa debía desconocerlo.

Tal interpretación quiebra toda confianza que un letrado de la administración de justicia pueda tener en la comunicación de resoluciones judiciales al Gabinete de Prensa. Si nosotros vamos a responder de toda posible filtración de datos derivada de esa comunicación, es evidente que esa no debe realizarse. Ante esta situación de indefensión, debemos interrumpir toda comunicación de información de nuestros Juzgados a tu gabinete.

No debe entenderse como una queja hacia ti, ni hacia la prensa en general. Somos conscientes del derecho fundamental a recibir información veraz, de la obligación de todos los organismos públicos de un estado social y democrático de derecho de estar sujetos a la transparencia y el control ciudadano a través de los medios de comunicación e incluso de la especial relevancia del conocimiento público de las sentencias penales para cumplir con uno de los fundamentos del derecho penal como es la prevención general.

A pesar de todo ello, en tanto no se adopte una solución razonable por el CGPJ que no suponga atribuir a la compañera de Navarra la responsabilidad de la filtración de datos sensibles de la sentencia, todo acceso a las actuaciones deberá solicitarse a través de las vías previstas en las leyes procesales.

Atentamente.

Letrados de la Administración de Justicia de los Juzgados de lo Penal nº 1, 2 y 3 de Vigo

Oiga, en Galicia hay una huelga de la Justicia (aunque nadie se entere)

Desde el 7 de febrero de 2018 los funcionarios de los cuerpos generales de la administración de justicia destinados en Galicia están en huelga. A pesar de que ciertas noticias parecen rebajar la participación en la misma, puedo asegurar que en Vigo es masiva.

En mi juzgado llevo tres semanas suspendiendo juicios por no disponer de funcionario de auxilio, excepto en contados casos que entran dentro de los servicios mínimos (causas con preso, comparecencias de prisión, etc.). No salen oficios, no se remiten liquidaciones de condena, no se actualizan notas, no se envían por correo los mandamientos de pago, con el evidente perjuicio para el ciudadano, ya sea víctima de un delito, o un penado que ya ha cumplido su pena.

Pero la cosa no queda ahí. Aunque la huelga concluyera mañana, tendré que suspender igualmente los juicios señalados para la semana que viene y para la siguiente, porque las citaciones no se imprimieron, no se metieron en sobres, no salieron y ya no daría tiempo a citar a acusados y testigos.

Igualmente, cuando intentemos recuperar el retraso y empecemos a señalar con más frecuencia, nos encontraremos con que, al hacerlo todos los juzgados a la vez, tendremos que suspender por tener los abogados señalamientos coincidentes.

Por lo tanto, las consecuencias de esta huelga son gravísimas. De ahí mi asombro de que no sea noticia. Una consulta en google demuestra que solamente los periódicos gallegos hablan de esta huelga, sin darle siquiera mucha relevancia. (https://www.google.es/search?q=huelga+de+funcionarios+de+justicia+en+galicia&rls=com.microsoft:es-ES:IE-SearchBox&dcr=0&source=lnms&tbm=nws&sa=X&ved=0ahUKEwjUr6H2x7nZAhVQsBQKHdHnBH4Q_AUICigB&biw=1280&bih=654)

El mismo vicepresidente de la Xunta manifestó este sábado en la Voz de Galicia que la huelga algo está afectando (https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2018/02/17/lunes-veremos-negociacion-va-simplemente-querer-cobrar-/0003_201802G17P3993.htm), ¡como si fuera poca cosa!

Pues bien, aquí hay unos perjuicios muy graves para los ciudadanos. Los que lideran las negociaciones deberían tenerlo claro, especialmente los que tienen responsabilidades en la gestión de los servicios públicos.

Y no es que quiera echar la culpa exclusivamente a una de las partes, pero no hay que olvidar que los trabajadores en huelga (que ejercen un derecho constitucional) están haciendo un gran sacrificio económico al llevar tantos días sin cobrar, y luego tendrán que hacer otro grande de trabajo (conjuntamente con jueces, fiscales y LAJ) para levantar la montaña de trabajo atrasado.

La Xunta, sin embargo, parece tener menos presión para resolver la situación, dada la poca relevancia en prensa de lo que está pasando.

Creo que el ciudadano por lo menos tiene derecho a saberlo.

Espero sinceramente que se pueda alcanzar un acuerdo entre las partes. Por otra parte, los funcionarios de los cuerpos generales, auxilios, tramitadores y gestores, no son los únicos con reivindicaciones en estos momentos. Tanto jueces como LAJ hemos expresado nuestro descontento con nuestras condiciones de trabajo, y no es descartable que al acabar los funcionarios entremos en huelga los demás.

Un “me gusta” en Facebook puede constituir delito

Interesante sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que estima parcialmente un recurso de apelación e impone una pena de prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima.

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En los fundamentos jurídicos, dentro de un análisis de los fundamentos de la prohibición de comunicarse, dice lo siguiente:

“Ello debe estimarse así, porque en muchas ocasiones las víctimas sienten temor no solo por la presencia física del condenado, sino, también, por un acto de comunicación virtual del investigado (medida cautelar) o pena (condenado), ya que una víctima que lo ha sido de un hecho del condenado puede incrementar su grado de victimización si recibe comunicaciones de quien le ha amenazado, incluso aunque estas comunicaciones no constituyan un hecho delictivo. Así, es sabido que constituiría un hecho delictivo de quebrantamiento del art. 468 CP (LA LEY 3996/1995) el hecho de que un condenado e pena de prohibición de comunicación enviara por cualquier medio de comunicación un simplemente “¿Cómo estás?”, ya que el objetivo de ese mensaje es mantener el estado de miedo o temor en las víctimas, más allá de la expresión se lleve a cabo, lo que de ser otra amenaza integraría este delito con la agravación específica del quebrantamiento de condena. De ahí que expresiones tales como un “me gusta” a una foto o comentario del titular de un perfil subida a Facebook por el denunciante, supondría un acto de comunicación al serlo entre afectado/condenado por la orden de prohibición de comunicación “por cualquier medio” y el perjudicado, ya que ello es lo que se pretende que no ocurra con la pena, esto es que el condenado no se comunique “de ninguna manera” con la víctima.”

Dicho esto, se trata de un obiter dicta. No estamos todavía ante un caso de que se haya considerado quebrantamiento de condena un like en Facebook, pero ahí queda.

El texto íntegro de la sentencia:

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8219575&links=&optimize=20171128&publicinterface=true

Cuidado con las estafas informáticas

Hoy he recibido en mi correo corporativo un mensaje curioso:

 

estafa bitcoin

Cuando te dan duros por cuatro pesetas, o 1294 dólares por día por un depósito inicial de 250, estamos siempre, siempre, ante una estafa.

Una simple comprobación por google nos lo puede aclarar, encontrando por ejemplo páginas como esta:

https://blogs.protegerse.com/2017/08/18/aprovechan-el-auge-del-bitcoin-para-estafar-con-la-adaptacion-de-un-scam-anterior/

Así que, directo a la papelera y nada de pinchar enlaces.